Por el adeudo de 588 millones 761 mil 81 pesos con 17 centavos al Banco Santander, el Juzgado Segundo de Yucatán fijó el embargo de cuentas bancarias y bienes del municipio de Mérida.

A las 17:00 horas del miércoles venció el plazo para que autoridades de Mérida liquidaran la deuda que data de 2011 para pagar del arrendamiento de luminarias en el municipio.

De acuerdo con Santander, el embargo de todas las cuentas del municipio de Mérida en el sistema financiero mexicano, 85 inmuebles, 5 bienes muebles y dos partidas presupuestales concluyó a las 18:35 horas.

La orden 84/2021-EXH-CIVIL señala que, desde el fin de semana, hubo un acercamiento entre el banco y autoridades municipales para evitar que acciones legales afecten a las actividades, los trabajadores y a los habitantes del lugar.

La institución financiera señaló que el municipio reportó que había proporcionado un listado de 73 bienes inmuebles del dominio privado para el embargo, pero no fueron considerados debido a que no se acreditó la propiedad de dichos inmuebles ni su valor.

Municipio de Mérida responde

En un comunicado, autoridades municipales reconocieron la deuda con Santander y explicaron que se derivó de las acciones en administraciones pasadas y aseguraron que el gobierno panista actual ha cumplido con sus obligaciones de pago.

“Apegados a lo que marca la ley en estos casos y para evitar posibles afectaciones en los servicios que el municipio debe prestar a sus ciudadanos, desde el 24 enero de 2019 presentamos ante el juzgado tercero de distrito de la Ciudad de México, donde se lleva el proceso, un plan de pagos que fue ignorado por dicha autoridad, motivo por el cual el 11 de agosto pasado el municipio lo presentó de nuevo, incluso actualizado. De nuevo y por motivos que desconocemos, no hubo resolución sobre el plan de pagos”, señaló.

¿Qué ocurrió?

El Ayuntamiento de Mérida -que era liderado por el PRI- firmó en marzo de 2011 un contrato de arrendamiento con opción a compra de luminarias con AB&C Leasing para el municipio, pero esta empresa pasó los derechos de dicho arrendamiento a Banco Santander México.

Aunque AB&C Leasing lo notificó a las autoridades correspondientes, la nueva administración de la capital de Yucatán que llegó en ese mismo año notificó al banco que no cubrirían las cuotas del contrato, con el argumento de que el Cabildo no había autorizado la transmisión de derechos.

Desde entonces comenzó una serie de litigios, y fue hasta 2014 cuando el Juez Tercero de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, Felipe V Consuelo Soto, determinó que la transmisión de derechos era legal, y ordenó al Ayuntamiento pagar el adeudo al banco.

Con información de La Jornada y Milenio