Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), criticó la respuesta que recibió el organismo electoral por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al rechazar la petición de presupuesto de casi mil 800 millones de pesos para el proceso de revocación de mandato.

“Tardó casi 3 semanas en contestar”, dijo el consejero del INE, quien además señaló que el oficio recibido traía faltas de ortografía.

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“Además, lo hace con faltas de ortografía. Confunden ‘cauce’ de conducto, con ‘cause’ de causar o producir. Así de lamentable el nivel del Ejecutivo federal”, escribió en su cuenta de Twitter.

La @SHCP_mx niega los recursos al @INEMexico para la revocación de mandato.

Tardó casi 3 semanas en contestar.

Además, lo hace con faltas de ortografía. Confunden «cauce» de conducto, con «cause» de causar o producir.

Así de lamentable el nivel del Ejecutivo federal. pic.twitter.com/wwkmkHWyBx

— Ciro Murayama (@CiroMurayamaINE) February 1, 2022

Este lunes, la Secretaría de Hacienda dijo que dio contestación, en tiempo y forma, a la solicitud presentada por el Instituto Nacional Electoral, mediante la cual requiere recursos adicionales para la realización del proceso de revocación de mandato.

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“Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2021, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio electoral SUP-JE-282/2021 y acumulados”.

Fue el pasado 13 de enero cuando el INE formalizó la solicitud de recursos por un monto de mil 738 millones 9457 mil 155 pesos para sumarlos a los recursos con los que ya se cuenta, derivados de varios ajustes, para realizar la Revocación de Mandato conforme a lo establecido en la Ley General de Revocación de Mandato. 

Lo anterior, en cumplimiento a la sentencia de fecha 29 de diciembre de 2021, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el juicio electoral SUP-JE-282/2021 y acumulados. (2/2)

— Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 1, 2022

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Luego de realizar su reunión plenaria, el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados definió que la situación económica y la actual crisis de salud, por ser las necesidades y problemáticas más apremiantes de los mexicanos, serán los temas prioritarios en su agenda legislativa.

Además, incluirán también los aspectos que tengan que ver con la seguridad, educación y medio ambiente sostenible.

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En el evento realizado en la sede del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), los diputados federales del tricolor acordaron impulsar el derecho a la vacunación contra Covid-19 para los menores de 15 años, sobre todo ante el regreso a clases presenciales.

Buscarán, también, asegurar la dotación de medicamentos y tratamiento para el cáncer, hacer deducibles los gastos por contingencias sanitarias, y eliminar el cobro del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en material sanitario.

En las propuestas que defenderán para mejorar la economía familiar y nacional, los priistas decidieron que impulsarán el establecimiento de medidas que mitiguen el impacto inflacionario durante el presente año, y que el ajuste al Impuesto Especial a la Producción y Servicios (IEPS) sea aplicado en dos etapas para contener incrementos en los precios de productos de la canasta básica alimentaria.

En el tema “Seguridad y protección para todas y todos”, plantearon la creación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, así como el establecimiento del Registro Nacional de Agresores Sexuales y de Deudores Alimentarios, y reformas que protejan a los ciudadanos en el manejo de datos personales.

Los legisladores del PRI se comprometieron a proponer la aprobación de la reforma constitucional para establecer que las prácticas y costumbres de las comunidades indígenas no atenten contra los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, en materia de prohibición de matrimonio infantil, así como promover la existencia de una Ley General del Sistema Nacional de Cuidados para que cualquier persona con algún tipo de dependencia pueda contar con estos.

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En materia educativa urgirán a establecer modelos que permitan dar frente a contingencias sanitarias y sociales para fortalecer la calidad del aprendizaje, así como el establecimiento de un esquema seguro para el retorno a clases del ciclo 2022-2023.

En referencia al medio ambiente, acordaron analizar la iniciativa de reforma eléctrica con una perspectiva sostenible, visualizando las necesidades presentes, el bienestar social, el equilibrio con el crecimiento económico, y sin comprometer las capacidades de las futuras generaciones.

EAM

El secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, presentó la iniciativa de reforma ante el Congreso de la capital para elevar a rango constitucional y convertir en derecho universal los programas sociales. 

Programas sociales como lo es “La escuela es nuestra”, que “coloca los recursos públicos en manos de la comunidad de madres y padres de familia quienes eligen” qué obras realizar en los planteles y la “Beca bienestar para niñas y niños” que inició con la administración de Claudia Sheinbaum. 

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En su intervención el secretario de gobierno mencionó que las administraciones anteriores habían planteado una beca, pero que ésta fomentaba la desigualdad ya que se requerían ciertos parámetros que no todos lo niños y niñas cumplían, en comparación de la Beca “Bienestar para niñas y niños” que es universal, agregando que la educación es un derecho que todos deben tener. 

“Es obligación del gobierno de la Ciudad estimular a todas y todos y a apoyar a quienes más lo requieren. Esta beca permite ofrecer las bases materiales para que niñas y niños cuenten con alimentación, útiles escolares y libros”, dijo el secretario de Gobierno. 

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El objetivo de esta iniciativa es convertir estos programas en derechos universales, así como ha ocurrido con programas como “Seguro de desempleo”, “Pensión ciudadana para adultos mayores”, “medicamentos gratuitos”, entre otros. Ambos programas cuentan una cantidad de 6 mil millones de pesos anuales, que beneficia a 1. 2 millones de niñas y niños de nivel básico y 3 mil planteles. 

Asimismo agregó que se los grupos parlamentarios no pueden oponerse a este derecho de que las niñas y niños reciban la beca para continuar los estudios y le mejoramiento de todos los planteles de la Ciudad de México, pues explicó que estos procedimientos llevan a una Ciudad de Innovación e igualdad. 

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El Juez Noveno de Distrito en Agua Prieta, Sonora, dictó auto de formal prisión a Facundo Rosas, exsubsecretario de Seguridad Pública durante el Gobierno de Felipe Calderón, cuyo titular de la dependencia fue Genaro García Luna.

La Fiscalía General de la República (FGR) detalló que el delito que se le imputa a Facundo Rosas es por su participación en el caso conocido como “Rápido y Furioso”, en el cual se coludieron autoridades mexicanas y norteamericanas para introducir ilegalmente un gran numero de armas de alto poder, para ser entregadas al cártel de Joaquín “G», las cuales fueron utilizadas y han seguido siendo utilizadas para diversos crímenes vinculados con el narcotráfico.

El exfuncionario federal ya contaba con una orden de aprehensión federal por esos delitos, la cual fue ejecutada con el apoyo de la Armada de México, con motivo de un delito del fuero común, presuntamente cometido por dicha persona, en la Ciudad de México. 

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