Impacta colusión en violencia vicaria

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Elisa no ha podido ver a sus hijos durante dos años y medio, el poder económico y tráfico de influencias de su expareja –un empresario de Jalisco– se lo han impedido…

“Te matan en vida” al quitarte a tus hijos, narra entre lágrimas la madre de familia, una de las víctimas de la violencia vicaria, aquella que atenta contra las mujeres usando a los hijos o personas significativas como medio para provocar sufrimiento.

En México, 50% de los casos de violencia vicaria se comete bajo el amparo de las autoridades, de acuerdo con el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, que asegura tener cientos de casos documentados.

“El tráfico de menores se da en los juzgados. No hay una autoridad en este país que no se venda, no existe procuraduría del menor, mucho menos el DIF, mucho menos peritos, hoy te puedo asegurar con pleno conocimiento de causa que la venta de niños, el tráfico de menores en nuestro país, más grande, es en los juzgados familiares, en donde los peritos, la gente de la Fiscalía se hacen de la vista gorda por unos cuantos pesos sin importarles la vida de los niños”, acusa Elisa Celis, fundadora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.

Ante ello, consideró que el tema de las autoridades –después de sus agresores– es el principal problema de las víctimas de violencia vicaria. “No se podría perpetrar sin la ayuda de las autoridades con base en denuncias falsas para quitarles la custodia a las madres”.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Víctimas de Violencia Vicaria, las denunciantes no se sienten protegidas por las autoridades e instancias a las cuáles acuden para ser atendidas; toda vez que son los servidores públicos, quienes “alentan los procesos y bloquean el seguimiento a los juicios, que en 48% de las víctimas enfrenta Penales y Civiles”.

El documento realizado por Altermind, señala que 9 de cada 10 agresores cuenta con formas de bloquear los procesos legales de la víctima y/o recursos que favorecen los fallos a su favor.

El 21% tienen algún cargo público, 50% hace uso del tráfico de influencias, 72% alarga el proceso legal a través de los juzgados y el 82% ejerce su poder económico.

BUSCAN QUE ESTÉ EN LA LEY

Ante ello, las integrantes del Frente han buscado el apoyo de legisladores de todo el país para lograr que el delito sea reconocido y tipificado en la ley, pues las autoridades atentan no sólo contra las mujeres, sino con el bienestar de los menores, que en muchas ocasiones son tratados como personas secuestradas y sufren severo daño psicológico.

Mientras en la Cámara de Diputados y en congresos locales como el de Yucatán, ya se presentó una iniciativa para incluir la violencia vicaria en la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el Código de Familia y en el Código Penal del Estado; el Senado a través de su presidenta, Olga Sánchez Cordero y de la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota, busca construir iniciativas en favor de las víctimas y visibilizar el tema.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha reconocido esta violencia de la que tienen al menos 150 casos denunciados en el país; principalmente de aquellos en los que tiene que ver la sustracción de menores del seno materno y que es provocada por los padres de los hijos cuando existe el caso del término de una relación con una denuncia de violencia en su contra.

En un revisión de la CNDH, detectó un patrón de violaciones frecuentes a derechos de las mujeres y los de sus hijas e hijos, entre ellos, la separación forzada y sustracción ilícita de los hijos; la suspensión de audiencias sin justificación suficiente, la solicitud de dádivas para llevar a cabo diligencias de notificación; la dilación injustificada de procesos de guarda, custodia y alimentos; el inicio y trámite de carpetas de investigación en su contra y su judicialización sin pruebas suficientes.

FUNCIONARIOS DEL DIF PROTEGEN AL AGRESOR

Con el apoyo de Alfredo Mayorga, funcionario del DIF que trabaja en las oficinas de San Francisco, y de Javier Contreras, también funcionario del DIF Nacional adscrito a la Fiscalía 59 de la Ciudad de México, a Roxana la separaron de su hija de cinco años y se la dieron al padre identificado como agresor, sin importar que la madre tenga la custodia de la menor.

Usando los recursos de la dependencia, en diciembre pasado estos funcionarios sustrajeron de un domicilio provisional a la niña y por más de un mes la tuvieron desaparecida, y en el DIF no le daban información, hasta finales de febrero pasado por orden de un juez de lo familiar, el Sistema encargado de la protección y bienestar de los menores informó que la menor se encontraba con su padre, decisión de la que no fue notificada la mamá y víctima de violencia vicaria.

Previo a esta situación, Roxana cuenta cómo en la Fiscalía 59 retuvieron una noche a la menor de 5 años, lo que le ha ocasionado severos problemas emocionales y psicológicos, al ver el mal trato al que eran sujetos los niños y niñas que se encontraban en el albergue del DIF dispuesto en ese lugar.

“Mi hija salió muy afectada de ese lugar, del albergue del DIF, nos decía que estuvo vomitando, no le daban de comer, obviamente estaba vomitando de estrés porque el pediatra dijo que lo que traía era síntomas de estrés fuerte. Y ella dice que había unas maestras que gritaban, que no le hacían caso, que había un niño que estaba encerrado en una jaula, ella les preguntaba a las maestras porqué estaba encerrado y le decían que porque tenía un cerebro chiquito”, narró llorando Roxana.

Por casos como este, 72.2% de las víctimas de violencia vicaria, reconocieron tener ansiedad, angustia, estado de alerta constante, temor, llanto, tristeza, irritabilidad, culpa por dejarlos ir con el agresor, dolor de estómago, vómitos, dolor de cabeza, caída del pelo, aumento o disminución significativa del peso e ideación suicida; como consecuencia del estrés por los procesos civiles y judiciales y la tristeza por no poder ver a sus hijos.

VISIBILIZAN PROBLEMA

Desesperada por no saber nada de sus hijos durante dos años y medio, Elisa comenzó a buscar apoyo y encontró que esta violencia es más común de lo que se reconoce, de ahí que junto con otras víctimas, decidiera fundar el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
Su exesposo es un empresario quien para evitar devolverle a sus hijos, decidió judicializar su caso y la demandó penalmente, por lo que el proceso en el juzgado civil tuvo que ser detenido.

“Como mamás que vivimos violencia vicaria, decimos que vivimos esto como un asesinato porque de un día a otro dejamos de ver a nuestros hijos, te matan en vida, de un día a otro desaparecen tus hijos y prácticamente matas a la mujer en vida al quitarle lo más preciado, lo vivimos como un secuestro, porque a muchas les han quitado a sus hijos a punta de pistola con operativos enormes”, narró Elisa, quien asegura que la violencia vicaria es la penúltima de las violencias contra la mujer, antes del feminicidio.

LEG

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